Por: A.S. Rodolfo MartÃnez
Asistente Social РEx Coordinador del Comit̩ Mercosur
de Organizaciones en Servicio Social – Uruguay
¿Cuál es la relación entre la seguridad ciudadana y el maltrato infantil?
Es posible que sean varias, en la medida que la existencia del fenómeno del maltrato integre los factores que generen la inseguridad ciudadana. Planteada la relación, es interesante también poner la misma en el contexto de uno de los programas implementados desde el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado en el Uruguay. Siendo este un modelo (la Seguridad Ciudadana) es posible pensar que en los otros paÃses donde se ejecuta se produzcan situaciones similares a las que se analizan. Las mismas refieren a que haciendo público el fenómeno (el maltrato infantil) como parte de una metodologÃa de intervención que intenta su reducción, es posible generar un nuevo objeto de control social (la niñez maltratada) en sectores pobres de la población, lo que contribuye a mantener a la misma en un marco que no contribuye con el objetivo de emancipación propuesto en la Convención de los Derechos del Niño.
El imperativo de la inseguridad
La inseguridad pública no es mayor que la privada. Sin embargo el aumento de los Ãndices de criminalidad en los últimos tiempos coloca en tensión estos dos ámbitos. Si la inseguridad se relaciona solo con los «delitos» el recorte propuesto es una parte de la inseguridad, y como tal debe ser entendido. Si la inseguridad puede ser provocada por otras situaciones que no los delitos, es importante separarlas. Una de las respuestas a la inseguridad pública es la seguridad ciudadana. Se la ha definido como:
«La preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, la represión polÃtica, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden constituir amenazas a la seguridad ciudadana. Desde otra perspectiva, se plantea que la seguridad ciudadana significa principalmente no temer una agresión violenta, saber respetada la integridad fÃsica y, sobre todos, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y circular tranquilamente por las calles sin temer un robo o una agresión» (Arraigada y Godoy; 2000, 108)
Algunas respuestas concretas han provenido de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que está financiando en el paÃs desde el año 1998 al «Programa de Seguridad Ciudadana», que funciona en la orbita del Ministerio del Interior, con una contraparte del financiamiento aportado por este. Según el BID este proyecto será «… de carácter innovador, contribuirá a fortalecer la capacidad de diseño e implementación de polÃticas y programas para encarar el problema de la violencia mediante una estrategia multisectorial con intervención de la comunidad. Los recursos ayudarán al Ministerio del Interior, asà como a otros entes públicos, junto con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad misma, a prevenir y tratar la violencia interpersonal y mejorar la percepción de seguridad ciudadana en el paÃs.
Para desarrollar una sólida cultura de prevención, el programa pondrá énfasis en la juventud, financiando actividades preventivas dentro y fuera de las escuelas, al igual que la rehabilitación efectiva de jóvenes infractores de 18 a 29 años mediante la creación de un nuevo modelo de atención. Además, se crearán dos centros piloto comunitarios de prevención del delito y la violencia en las zonas de mayor riesgo social, que coordinarán esfuerzos públicos y privados, y un fondo para actividades preventivas locales que financiarÃa, con recursos concursables, la promoción, desarrollo y ejecución de estrategias locales propuestas por las comunidades»(BID, marzo de 1998)
Sin embargo, algunos delitos se cometen sin violencia y no en «las zonas de mayor riesgo social» y tienen efectos socialmente devastadores, tanto o más que un hurto, un secuestro o un asesinato. A pesar de esto, los programas y proyectos desarrollados a partir del Programa de Seguridad Ciudadana siguen en marcha. Una parte importante de estos está relacionado con la atención a la juventud y a la infancia. ¿Puede esta concepción complementarse con la concepción del niño propuesta en la Convención de los Derechos del Niño? La seguridad privilegia en este caso la reducción del delito, reduciendo también de esta forma a una los motivos de la inseguridad; totaliza ahora la seguridad en la inseguridad provocada por el delito. La identificación lograda, sin ser más que lo que era antes, rompe asà con el problema social de la violencia.
«Ao mesmo tempo em que ela (la violencia) expressa relaçoes entre classes socias, expressa também relaçoes interpessoais (…) está presente nas relaçoes intersubjetivas que se verificam entre homens, entre adultos e crianças, entre professionais de categorÃas distintas. Seu resultado mais visible é a conversao de sujeitos en objeto, sua coisificaçao. A violencia é simultáneamente a negaçao de valores considerados universais: a liberdade, a igualdade, a vida.»(Adorno, T. in Guerra; 1998; 27)
Los inseguros invisibles
Los niños maltratados, objeto ahora (pero no únicamente, sino diferenciadamente) de la acción del Estado a través de los proyectos y programas financiados por el Programa de Seguridad Ciudadana son visibles. La invisibilidad anterior era producto de no hacer público el problema. La visibilidad pública aumenta la capacidad de la intervención exterior, provocando un doble movimiento de exposición: hacia la posibilidad de la resolución de la situación de la violencia y hacia la posibilidad de ser estigmatizado como niño violentado. La doble exposición puede contribuir a velar u opacar lo que se quiere mostrar. La limpidez de la mirada que debe dar una respuesta a lo que colocó frente a sà se encuentra paralizada por lo que surgió a la luz pública. Cuidadosamente nos adentramos a la consideración de separar lo atendible en cada situación hecha pública: miserias y riquezas de cualquier vida humana, pero que exigen consecuentemente una respuesta distinta de la que se puede dar.
Lo que aparece en primer término, fuera de la intención con la que se lo asuma, es la gran desigualdad que genera la doble exposición para aquellos que tienen la posibilidad de resolver su situación, luego, en un espacio privado. No es ésta la intención original de la visibilidad pública: quizá fue exponer a todos de la misma manera. La visibilidad pública es entonces la intervención pública sobre los expuestos en una doble dimensión que las contiene indiferenciadamente hasta tanto se separe dejando para algunos, públicas, las dos. Hablar de infancia maltratada no refiere entonces a todos los niños que sufren maltrato sino a aquellos que provienen de sectores en los que es más fácil la visualización de sus problemas.
El acto del control
Lo nuevo del problema no es la condición de fenómeno público; lo nuevo es que lo público es ahora el ámbito de la intervención sobre lo privado. Lo sagrado e inviolable, el hogar, es ahora centro de la atención de todas las miradas. Miradas que no pueden percibir todo lo que existe, por la limitación del lente con el que miran. La claridad de algunos es la opacidad de otros; la exposición pública generó un público para atender. Los públicamente expuestos son los sectores pobres y populares que a través del uso que hacen de instituciones son captados o detectados como «de riesgo, violentos, disfuncionales», generándose intervenciones de tipo controladoras / represivas. La concreción del control, del disciplinamiento, tiene que ver con asegurar las vidas que están «en riesgo», permitiendo una a través de la otra.
La vida como movimiento
«Vivir se debe la vida de tal forma que viva quede en la muerte» ¿cómo vivir la vida no deberÃa ser el propósito? El fenómeno de la violencia contra los niños preocupa especialmente por las dolorosas consecuencias que tiene para la vida de estos: para la actual, la vivida (siempre representada) y para la futura. Las formalizaciones de las leyes proporcionan un camino de protección que debe estar garantizado por el establecimiento de mÃnimas condiciones. No vale aprovecharse de la ley para penalizar problemas sociales, a sabiendas de que nunca van a alcanzar a todos en la misma forma. El lugar del adulto en la vida de los niños no es un lugar de fácil salida, pero debe ser reflexionado, cuestionado, confrontado consigo mismo. Esta es una exigencia para la emancipación: la muerte debe tener la posibilidad de ser en la experiencia vital de los individuos, algo acorde con su vida , y no la irrupción tremenda del martillo en la cabeza.