SISTEMAS DE JUSTICIA EN LAS AMERICAS

Por: Pedro Galindo
ASESOR DEL CEJA EN TEMAS DE INFORMACIÓN
Y EDITOR DE SISTEMAS JUDICIALES
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U NA INVESTIGACIÓN REALIZADA en más de un centenar de países evidenció que la tradición legal en que se basan los sistemas judiciales es un factor significativamente influyente para determinar la eficacia y calidad de la justicia.

Dado el tipo de conclusiones de ese estudio, conviene referir previamente una breve aproximación panorámica a la tradición legal en que están basados los sistemas judiciales del continente. Para este caso, se ha diferenciado a los países en los dos sistemas legales predominantes en la región: civil law o derecho continental europeo, y common law o sistema de precedentes anglosajón.

La distinción convencional señala que el primero ­civil law­ es aquel tipo de sistema donde la justicia está regulada por códigos y leyes escritas. En el segundo, en cambio, las decisiones de los jueces actúan como precedente vinculante para los demás tribunales con el efecto de que la ley se halla en continuo desarrollo. Sin embargo, otras visiones enfatizan que las diferencias entre uno y otro sistema tienen alcances más profundos. Existe, por ejemplo, una visión compartida de que en los países regidos por common law, o al menos en un alto porcentaje de ellos, los jueces han tenido usual mente una independencia y poder mucho mayores que sus contrapartes en muchas naciones que rigen su sistema judicial en la tradición del derecho continental europeo.

Entre los argumentos que explican estas diferencias las razones históricas parecen ser significativas.
En síntesis

– Veinte de los 34 países de las Américas12, es decir, el 58,8 por ciento, basan su sistema judicial predominantemente en el civil law. Aun cuando existen similitudes genéricas muy significativas, hay diferencias cualitativas no menores entre este conjunto de países, por la diversidad en la combinación de tradiciones ­romana, francesa, holandesa, germana, hispana­ y por la tendencia reformadora de los sistemas judiciales inquisitivos en las últimas dos décadas. Diecisiete de estos veinte países conforman la subregión latinoamericana.

– El 41,2 por ciento de las naciones de la región sustenta su sistema judicial predominantemente en la tradición del common law británico. Ellas son: Canadá, Estados Unidos, y los doce países del Caribe angloparlante miembros de la OEA. Los otros tres países del hemisferio ubicados en la subregión caribeña basan su sistema judicial preponderantemente en el civil law: Haití (tradición francesa), República Dominicana (tradición francesa) y Surinam (sistema holandés, con componentes de la doctrina penal francesa).

– A pesar de esta clasificación, la mayoría de los países muestra algún grado de mixtura o coexistencia de ambos sistemas. Québec en Canadá, Puerto Rico, Louisiana en los Estados Unidos, y Guyana en el Caribe angloparlante, representan casos donde parte de la tradición codificadora del derecho continental europeo coexiste en el contexto de un sistema judicial basado fundamentalmente en el sistema inglés.

El índice de la complejidad de los
procedimientos: formalismo vs. eficiencia

El índice de la complejidad (o regulación) de los procedimientos es el resultado de un estudio realizado en 2001 en 109 países ­25 de ellos de la región interamericana­, llevado adelante por un equipo de investigadores del Banco Mundial, las universidades de Harvard y Yale, en cooperación con la asociación internacional de firmas de abogados Lex Mundi.

Como se indicó, el principal hallazgo de la investigación fue evidenciar que la tradición legal en que se basan los sistemas judiciales es un factor determinante de la eficiencia judicial, incluso más que otros factores tradicionalmente considerados relevantes como el nivel de ingresos de un país y su grado de desarrollo.

El estudio mide y describe los procedimientos usados en ese conjunto de países por litigantes y tribunales en dos causas civiles específicas: el desalojo de un arrendatario por no pago del alquiler y la recuperación (cobro) de un cheque sin fondos.

Los autores clasifican a los países según la tradición en que basan su sistema judicial y construyen, a partir de los datos recogidos, un índice de la regulación de la resolución de controversias, como medida del formalismo procesal, en siete aspectos específicos de los procedimientos, comunes a todos los países. A saber, la obligación de que los representantes de las partes en el litigio tengan o no formación legal; la obligación o no de hacer informes escritos en las diversas etapas del proceso; la obligación de justificar legalmente cada una de las actuaciones de las partes;

Las limitaciones a la presentación de evidencia; la naturaleza de la revisión de los fallos de primera instancia; el número de trámites independientes por realizar para completar el proceso, entre otros. El índice fue elaborado a partir de los resultados de una encuesta distribuida a los miembros de las firmas de abogados asociadas a Lex Mundi. Los datos de la encuesta fueron cruzados, además, con indicadores de otras fuentes, relativos a eficiencia judicial, acceso ciudadano a la justicia, índices de corrupción y otros.

Principales conclusiones del estudio

– Los países basados en civil law por lo general regulan más la resolución de disputas que los países basados en el sistema inglés de derecho consuetudinario. A nivel global, los procedimientos judiciales son sistemáticamente más complejos, más lentos, menos transparentes y más propensos a la corrupción en países donde el sistema judicial está basado en civil law que en países basados en common law.

– La mayor eficiencia y capaci dad de los tribunales para impartir justicia está más asociada a las características de los procedimientos que al nivel de desarrollo de los países. La estructura legal, más que el nivel de desarrollo, tiene una mayor influencia en la duración de los procesos y en la percepción de eficiencia judicial ­entendida co mo mayor rapidez en la resolución de las disputas, mayor calidad del Estado de Derecho, mayor imparcialidad y transparencia en las decisiones de los tribunales, ausencia de corrupción y mayor acceso a la justicia­. Los países que más regulan la resolución de diputas tienden a tener niveles menores de eficiencia judicial.

– Si bien el estudio arroja indicios de que la calidad de los tribunales es mayor en los países ricos, no se hallaron diferencias significativas entre los países de ingreso medio y bajo. Tampoco se encontró evidencia de que incentivos poco atractivos influyeran en la calidad del sistema.

– La mayor dureza en la regulación de la resolución de conflictos está asociada a una mayor duración ­más allá de lo esperado­ de los procedimientos judiciales, y a mayores inspecciones a las medidas de eficacia judicial y de acceso a la justicia.

La mayor eficiencia judicial, asimismo, está asociada a una mayor simplificación de los procesos. Cuando la complejidad de los procesos judiciales es reducida, disminuyen también los costos y la tardanza. El Gráfico muestra los resultados del índice agregado del estudio, correspondiente al promedio de los dos tipos de disputas estudiados, específicamente para los países de las Américas. Se puede observar que, efectivamente, los países que exhiben menores grados de complejidad en la resolución de sus controversias corresponden a sistemas judiciales basados en el sistema inglés de common law ­Belice, Canadá, Barbados, Jamaica, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, y Granada­. Brasil exhibe un grado excepción al situarse en un relativamente bajo nivel de
complejidad procesal. En cambio, Gua-temala, Venezuela, Costa Rica, Perú, Panamá, Bolivia y Argentina, todos países basados en el sistema derecho continental europeo o civil law, duplican sus grados de complejidad procesal en relación con los países basados en la tradición británica.

En el conjunto de los países estudiados, de acuerdo con el estudio, el tiempo medio para lograr el desalojo de un arrendatario que no paga es de 254 días calendario, y para recuperar un cheque sin fondos, de 234 días.

El Gráfico, muestra la duración total de un proceso para lograr el desalojo de un arrendatario que no paga el alquiler, específicamente en los 25 países de la región considerados en el estudio. La Tabla 3 muestra la duración en días calendario del procedimiento fragmentado en tres etapas.

Duración desde la presentación de la demanda hasta la comunicación del caso al demandado Duración
desde el avisoal demandado hasta eldictámen de la sentencia Duración desde la presentación de la demanda hasta la restitución de la propiedad al dueño Duración total Barbados
Belice
Canadá
Grenada
Jamaica
San Vicente
Trinidad y Tobago
Estados Unidos
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela 4
30
5
15
45
3
54
6
60
14
30
15
139
20
30
38
45
10
15
20
36
12
41
120
30 67
15
21
90
46
302
103
33
300
60
60
200
279
90
90
40
60
180
30
60
50
50
135
120
300 21
14
17
75
14
30
35
10
80
20
30
25
82
30
90
30
45
90
30
100
48
140
70
90
30 92
59
43
180
105
335
192
49
440
94
120
240
500
140
210
108
150
280
75
180
134
202
246
330
360