MECANISMOS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
La protección de los derechos humanos derechopane10_1_.jpg

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL
http://www.cejil.org/gacetas.cfm
Gaceta No. 20

L OS NIVELES DE CORRUPCIÓN existentes en el hemisferio y la gravedad de este flagelo son mundialmente conocidos. En la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrado en enero de 2004 en Monterrey, México, los Estados firmantes de la Declaración de Nuevo León reconocieron «que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo.» Durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebró este año en Quito, Ecuador, los Estados Miembros de la OEA discutieron el borrador de una declaración sobre desarrollo social y democracia y su incidencia en la problemática de la corrupción. La Declaración de Quito incorporan una perspectiva respetuosa de los derechos humanos.

Uso responsable, democrático y honesto del poder

La corrupción, en sus distintas manifestaciones, atenta directa e indirectamente a una serie de derechos humanos reconocidos a nivel internacional. Transparencia Internacional ha definido la corrupción como un abuso del poder confiado por la ciudadanía destinado para el beneficio privado. En muchos casos este abuso genera violaciones a los derechos humanos, con lo cual la corrupción es, en sí misma, una violación a estos derechos. La plena vigencia de los derechos humanos no solamente puede eliminar el impacto nocivo de la corrupción, sino también asegurar el uso responsable, democrático y honesto del poder. Existen varias instancias en donde la corrupción actúa como fuente de violaciones a los derechos humanos.

Los DESC

Los actos de corrupción pueden afectar directamente el goce de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de personas individuales. También, los DESC son indirectamente violados cuando existe corrupción en las instituciones encargadas de la realización progresiva de estos derechos. El artículo 13 de la Carta Democrática Interamericana dice que «la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustancias al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio».

Cuando un Estado, o un agente de Estado, utiliza recursos públicos para su enriquecimiento personal (recursos que podrían ser utilizados para incrementar el acceso general a la educación, a servicios de salud o para bajar el índice de desempleo), se deteriora la realización de los derechos sociales violando así sus obligaciones internacionales al respecto. Grupos en una situación de vulnerabilidad frente a la discriminación, como las mujeres, los pueblos indígenas y los afro-descendientes, con frecuencia sufren más los impactos negativos de la corrupción.

Corrupción judicial

La corrupción en el sistema de justicia es probablemente la manifestación de este problema que más afecta a lo derechos humanos. Un sistema judicial corrupto que otorga impunidad a viola dores de derechos humanos, que no es imparcial y que limita el acceso a la justicia rápida y efectiva, fomenta una cultura donde los violadores, pasados y futuros, pueden seguir menoscabando e Estado de Derecho. La impunidad es en sí misma una forma de corrupción que destruye la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas.

Los actos de corrupción encuentran un escenario propicio de acción cuando un importante número de derechos se encuentran restringidos, como son las áreas de participación política, acceso a la información pública, libertad de ex presión y la garantía del debido proceso y acceso a la justicia; todo elemento esencial para la democracia y el desarrollo social de la región. Los Estados de la región han hecho varias declaraciones reconociendo las estrechas relaciones entre el respeto a los derechos humanos, la democracia y una sociedad libre de corrupción.

En la Carta Democrática Interamericana, los Estados de la región reconocieron que la corrupción debilita la democracia, ya que afecta directamente a los elementos esenciales de su carácter representativo, que son, «entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos» (Artículo 3). Además, reconocieron la necesidad de combatir la corrupción para lograr la democracia representativa: «La democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.» (Preámbulo, Convención Interamericana Contra la Corrupción).

La defensa y promoción de los derechos humanos

Es una herramienta esencial para luchar contra la corrupción y para el fortalecimiento de las democracias de la región. Por eso, los compromisos de los Estados en materia de derechos humanos deben ser incorporados a la lucha contra este flagelo. Combatir la corrupción y respetar los derechos humanos son metas complementarias. El pleno respeto y la promoción de los derechos humanos fortalecen la política anticorrupción de los Estados de la región. Combatir la corrupción nutre la democracia y el desarrollo social y económico, garantías de los derechos humanos. Una sociedad que respeta universalmente y indivisiblemente los derechos humanos es una sociedad con mejores armas para lucha contra la corrupción.

REGRESAR